La ley de Software Libre será aplicada a mitad de año en toda la administración pública de la provincia, lo que sitúa a Santa Fe a la vanguardia en la materia. Esta promueve el desarrollo de la industria local frente a los proveedores de software privativo.

La ley deja establecido que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos descentralizados, y todas las empresas donde el Estado posea mayoría accionaria deberán implementar software libre en todas las computadoras de escritorio, portátiles y grandes servidores que existan dentro de su área de competencia.

El diputado kirchnerista Gerardo Rico y su par del ARI-Coalición Cívica, Pablo Javkin son los impulsores de la norma que fue votada por unanimidad y que tiene como objetivo sacar a la administración pública “de la dependencia tecnológica con los proveedores privados, cuyos programas no se pueden modificar en función de las necesidades” que continuamente están cambiando y asimismo, evitar “el costo económico que supone la renovación de las licencias” de los programas privativos.

En la ley también se definen aspectos claves como la definición de programa o software, la ejecución o empleo del mismo hasta la definición de usuario, el código fuente o secuencia de origen, para terminar caracterizando qué es lo que se está haciendo conocer cada vez más como software “libre”.

En este sentido, la norma establece que el gobierno debe “promover el desarrollo de la industria del software local, regional y nacional” y estima que para favorecer esa premisa es imprescindible “instrumentar un plan integral de educación en los niveles primario, secundario y universitario del ámbito público”.

Otro aspecto importante que determina el instrumento legal en relación a datos no reservados, el Estado está obligado a través de la norma a “promover la igualdad de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos” y a “evitar que los mismos dependan exclusivamente de proveedores únicos para interactuar.

Además, la ley aprobada autoriza al Ejecutivo a suscribir convenios con la universidad nacional, con sede en la provincia como son la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para pedir asesoramiento y capacitación dirigido al personal de la administración pública provincial en el manejo y uso de software libre, y la implementación del Plan Integral de Migración a Software Libre.

Por otra parte, la migración tiene un plazo de 6 meses a partir de la reglamentación de la ley para “realizar un inventario de todos los implementos informáticos que requieran para su funcionamiento”, mientras, en paralelo, la autoridad de aplicación elabora y presenta un “plan ordenado” para hacer efectiva la operación que deberá ser refrendado por la Legislatura.

Mientras tanto, las áreas que hayan adquirido y estén funcionando con software privativo podrán continuar utilizándolo sin necesidad de un permiso de excepción por cuatro años más. En tanto, durante 6 años a partir de la reglamentación de la ley, es decir, la autoridad de aplicación podrá emitir permisos de excepción para el uso de software privativo “aun cuando existan alternativas libres” en los casos en que la migración hacia software libre implique “costos significativos”. Pero a partir de ese momento ya no deberá haber más software privativo en ninguna de las estructuras del Estado provincial.

Con todo, la ley también establece la creación en Santa Fe del Laboratorio de Software Libre, en el cual se investigarán productos en base a los requerimientos de la gestión y se establecerán lazos con “universidades, empresas y otros actores involucrados en la problemática”.
La ley de Software de la provincia fue sancionada el 14 de octubre de 2010 y publicada en el Boletín Oficial al mes siguiente.

Hasta el momento, la Casa Gris inició en las últimas semanas una ronda de consultas con el arco de sectores involucrados, que comprende a las ONG Lugro y Lugli, el Grupo de Usuarios de Software Libre de Rosario y su equivalente del Litoral, hasta el Polo Tecnológico Rosario, que incluye a firmas privadas de software de la región. La idea es que el instrumento esté en condiciones de aplicarse a mitad de este año.

Fuente: El Ciudadano